GASOLINAZO, ALZA DE PRECIOS Y PROFECO

GASOLINAZO, ALZA DE PRECIOS Y PROFECO
Por Miguel Ángel Avilés

Pudo haber sido cuando se anunciaba el jabón Ariel haciéndoles creer a las doñitas, con una imagen truqueada, que, en cuanto echaran este detergente en la cubeta donde remojaban la ropa, de inmediato se transformaría en una lavadora automática y comenzaba mágicamente el chaca chaca

De hecho así se le conoció por muchos años al gran actor Luis Gimeno que por aquel entonces estaba aún muy joven: el chaca chaca.

Pudo ser en ese tiempo cuando alguien dijo que, frente a la publicidad engañosa y el abuso en los precios de las mercancías o los servicios, los consumidores deberían de contar con una institución que los defendiera a muerte.

Pudo ser también cuando todos las mamás de unos niños del barrio se alzaron, irritadas, en protesta, porque nunca pudieron llenar el álbum de estampitas, ya que en las tantas veces que compraron, a costillas del gasto familiar, nunca les salió la difícil.

También pudo ser cuando un caballero ofendido, invirtió toda la quincena en los catotones de la feria para que su dama se llevara de regalo esa noche un gigantesco chango de peluche pero apenas le dieron tres chiquitas alcancías si y se sintió robado.

Pudo ser antes o después, no lo sé pero ahora no quiero detenerme en efemérides, solo quiero suponer que alguna vez, por motivos como estos, pudo nacer lo que todos identifican en la actualidad como la PROFECO , es decir la PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.

Esta fue creada para promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. México fue el segundo país en América Latina en contar con una ley de esta naturaleza y el primero en contar con una procuraduría.

A lo largo de su historia, que comenzó gracias a lo que hacían los publicistas de ese Jabón a través de tan famoso personaje, o de los que se les olvidó imprimir “la difícil” o de esos que no soltaban el monote por nada del mundo, o lo que sea, la normatividad al respecto ha sufrido reformas con el fin de darle una mayor y mejor protección a la ciudadanía.

Pero una cosa es la ley, que de por sí no cuenta con un procedimiento férreo y ejemplar para quien se pase de listo como proveedor, y otra cosa muy distintas es quienes están ahí para aplicarla.

Igual: una cosa es que esta ley exista y otra cosa somos nosotros que no pedimos que se aplique al pie de la letra o de plano, otros no saben de su existencia.

Lo cierto es que más de una vez usted habrá echado espuma por la boca por culpa de alguna empresa o persona en particular que prestó un mal servicio o porque le dieron gato por liebre o porque se pasaron de la raya con los precios, pero quizá en muy pocas ocasiones haya acudido a la delegación de la Profeco de su ciudad para denunciar el abuso. Puede ser por que no sabe de su existencia, o, puede ser, como pasa con muchas instituciones del país, porque no se cree en ella y no se le tiene confianza o, de a tiro, no saben dónde está.

Si, en alguna puerta de un comercio usted ha visto el anuncio de CLAUSURADO, pero lo fue en la tienda de don fulano o don zutano, o en un de mayor jerarquía que brotan en la actualidad por todos lados pero nunca lo miraran pegado en una trasnacional ni la gran empresa mexicana de telecomunicaciones ni otras cuyos dueños ocupan los primeros lugares en la lista de los más ricos de este país.

Sin embargo, la experiencia particular que uno ha tenido no ha sido la mejor: solo le hacen caso cuando su queja es contra un proveedor que no pinta mucho dentro del sector empresarial o, sustanciado el procedimiento previsto por la ley y no se llega a un acuerdo conciliatorio entre quejoso y posible infractor, cada quien se va con su acción a otra parte o, si acaso alguien es responsable, nada más recibirá una sanción que consistirá en una multa pero dicho monto de ninguna manera irá a parar a los bolsillos del consumidor que fue abusado. Por supuesto que no.
Por eso, a la otra ya no vuelve.

Pero amen de los sinsabores propios que cada quien haya tenido como usuario en esta dependencia, es importante saber que esta cuenta con facultades que, puestas en práctica, significarían un camino legal mas férreo contra los empresarios o comerciantes que se pasan de lanzas subiéndole a los precios sin que haya una relación causal entre el alza del producto y el pretexto que ponen para hacerlo.

Con esto del llamado gasolinazo algunas tiendas, sea un modesto changarro o unas de las famosas cadenas que conocemos, de inmediato se pusieron a reetiquetar precios y más de un prestador de servicio modificó sus tarifas , pese a que los costos directos e indirectos esos productos y, desde luego la adquisición de este, lo habían hecho con anterioridad a la aprobación de la ley de ingresos y el efecto multiplicador , o la elasticidad cruzada como le llaman los economistas no repercutiría en aquellos.

Así, mientras en las calles aumentaban las inconformidades, en los comercios chicos o grandes aumentaban las cuentas y el total, a la hora de pagar el mandado, ya no era el mismo de una semana para otra. Todo porque aumento la gasolina, esgrimirían estos abusivos mercaderes y nadie los mocionó por sus leperadas.

Muchos, incluyendo algunos especialistas, pudieran decir que esto era normal y no faltaban a la verdad, pero resulta que lo normal no precisamente es normativo y debe de evitarse.

“oh, y ahora ¿Quién podrá defendernos?” es lo que entonces pudimos haber dicho como consumidores y la PROFECO tendría que salir con un “¡yoooo!! Como el Chapulín Colorado pero, ya para la primera quincena de Enero, el Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer, estaba declarando con inocencia o solapamiento “que no había un incremento generalizado de productos tras el aumento en el precio de las gasolinas y se comprometió a que serian más ambiciosos para desplegar con mayor fuerza y precisión, toda sus estructura a lo largo y ancho del país. Estamos monitoreando principalmente los productos de la canasta básica” afirmaría el funcionario lo cual no lo dudamos pero a los destinatarios de sus advertencias todo esto les valió un sorbete.
No queremos ser ingratos con sus actos ni tampoco con los de sus delegados en todo país quienes, unos más otros menos, también han ido tras las gasolineras que pueden estar dando gato por liebre en cada litro y, particularmente, contra los comerciantes que se les ha pasado la mano en el aumento de los precios de sus productos y sobre quienes los han aumentado pese al haberse comprado antes de esta alza a los combustibles y no tenían porque aumentarlos.

El propio Nemer anuncia , ya con mejor fuerza como si Popeye le hubiera compartido de sus espinacas, que a fin de evitar incrementos injustificados en bienes y servicios ante los ajustes en el precio de las gasolinas, la Procuraduría Federal del Consumidor hizo un despliegue de su personal en sus 56 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de atención en todo el país y que mantendrá revisión intensiva y prioritaria de productos como tortilla, frijol, arroz, azúcar, huevo, pollo, leche y cárnicos, entre otros, advirtiendo que aplicará la ley para evitar abusos de quienes, excusándose por el ajuste a los precios de energéticos, pretendan aumentar costos de manera indiscriminada por lo que sancionará cualquier práctica comercial abusiva.

Y si las notas de los periódicos fueran suficientes, pensaríamos que sí lo están haciendo. Es cuando uno desearía tener enfrente a una de esas doñitas que pegó de gritos cuando su cubeta no funcionó como la del Chaca Chaca, o a la mamá de uno de esos niños a los que nunca les salió “la difícil” o al tipo encabronado porque su dama nunca pudo llevarse el monote de peluche, para les, con un beso en la frente, por haber incidido para que un bendito día naciera esta briosa, esta obstinada, esta inflexible dependencia.

Al diablo las lenguas de doble filo que señalan posibles extorsiones para hacer o dejar de hacer algo por parte de algunos servidores públicos de esas delegaciones a cambio de un estimulante sobre con dinero. Estas son blasfemias de gente dispuesta a echar por tierra años de apostolado de esta institución a favor de los consumidores y que no los pondrá en riesgo nomas porque sí, menos cuando la eficiencia es hoy moneda corriente y la corrupción es ya casi una pieza de museo en nuestra vida nacional.

No señor. Nemer ya dijo que no dejarán tirité con cabeza en cuestiones de supervisión y aplicación severa de la ley. Eso significará entonces que tanto en esta coyuntura, la procuraduría será un bastión en esta arremetida ciudadana contra las consecuencias que tuvo el gasolinazo y se pondrá al frente de los consumidores para defenderlos de todo mal, amen.

Para lograrlo , quiero suponer que no estará esperando en sus oficinas cruzado de brazos y moviendo nerviosos sus piecitos , en espera de que alguien llegue pidiendo auxilio. No, como ya las contempla la ley, de oficio y sin esperar que la montaña vaya a Mahoma, ellos, como Mahoma, irán hasta los manifestantes que han marchado por las calles y les dirá que en el artículo 24 de la ley, la procuraduría tiene, entre otras, las siguientes atribuciones que deben de cumplirse y poner en práctica:

I.- Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;
II.- PROCURAR Y REPRESENTAR LOS INTERESES DE LOS CONSUMIDORES, MEDIANTE EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES, RECURSOS, TRÁMITES O GESTIONES QUE PROCEDAN;

III.- REPRESENTAR INDIVIDUALMENTE O EN GRUPO A LOS CONSUMIDORES ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS, Y ANTE LOS PROVEEDORES;

IX Ter. Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva;

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;

XIV. VIGILAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTA LEY Y, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LAS DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, ASÍ COMO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, Y EN SU CASO DETERMINAR LOS CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO;

XIV bis. VERIFICAR QUE LAS PESAS, MEDIDAS Y LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE SE UTILICEN EN TRANSACCIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS SEAN ADECUADOS Y, EN SU CASO, REALIZAR EL AJUSTE DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN;

XVI. Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, en su caso, emitir dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones contractuales del proveedor, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley;

XVII. DENUNCIAR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS HECHOS QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITOS Y QUE SEAN DE SU CONOCIMIENTO Y, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LOS ACTOS QUE CONSTITUYAN VIOLACIONES ADMINISTRATIVAS QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD E INTERESES DE LAS Y LOS CONSUMIDORES;

XVIII. PROMOVER Y APOYAR LA CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES, PROPORCIONÁNDOLES CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, ASÍ COMO PROCURAR MECANISMOS PARA SU AUTOGESTIÓN;

XIX. Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;

XX. REQUERIR A LOS PROVEEDORES O A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A QUE TOMEN MEDIDAS ADECUADAS PARA COMBATIR, DETENER, MODIFICAR O EVITAR TODO GÉNERO DE PRÁCTICAS QUE LESIONEN LOS INTERESES DE LOS CONSUMIDORES, Y CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE PUBLICAR DICHO REQUERIMIENTO;

XX Bis. EN EL CASO DE QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES IDENTIFIQUE AUMENTOS DE PRECIOS, RESTRICCIONES EN LA CANTIDAD OFRECIDA o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, LA PROCURADURÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES, PODRÁ PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA LA DENUNCIA QUE CORRESPONDA;

XXIII.- Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.
Si al menos estas atribuciones se cumplen al pie de la letra, otro gallo cantará en cuanto a la credibilidad perdida y sobre todo, por fin estaríamos honrando de alguna manera la memoria de esas doñitas enfurecidas contra Luis Gimeno, de esas mamas encabronadas con los promotores de los álbumes y de ese rabioso pretendiente de feria que nunca de los nunca pudo ver a esa monote en los brazos de su amada.

​© Miguel Ángel Avilés